Dos años después: ¿dónde estamos con los derechos culturales en la era digital?
En 2024 la Fundación Alternativas publicó un diagnóstico incómodo: no hay derechos culturales sin derechos de comunicación. En 2026, la pregunta ya no es si tenían razón. Es qué hemos hecho con ello.
El punto de partida
El Informe sobre el estado de la cultura en España 2024 dejó sobre la mesa una afirmación que muchos en el sector cultural preferían no escuchar: los derechos culturales no se sostienen solos. Dependen de condiciones previas — acceso digital universal, plataformas que garanticen inclusión y pluralidad, entornos digitales seguros — sin las cuales el derecho a participar en la vida cultural es, en la práctica, un derecho para pocos.
El informe proponía tres ejes de trabajo: garantizar el acceso digital universal, construir plataformas públicas que aseguren inclusión y pluralidad, y hacer sostenible la convivencia en el espacio digital. Y apuntaba a un objetivo de fondo: restaurar al ciudadano como el verdadero centro de las políticas culturales, desde los soportes tradicionales hasta los nuevos formatos digitales.
Dos años después, ¿dónde estamos?
Lo que se ha movido
Sería injusto decir que no ha pasado nada. Han pasado cosas.
En España, el Plan de Derechos Culturales 2025-2030 del Ministerio de Cultura, coordinado por Jazmín Beirak, representa el primer intento serio de traducir los derechos culturales en una política pública con horizonte temporal, indicadores y compromisos concretos. Es un avance real. No porque resuelva todo — no lo hace — sino porque nombra el problema con precisión y lo instala en la agenda institucional con un marco que antes no existía.
En el plano de la gobernanza profesional, desde Nodos y Públicos hemos desarrollado el Marco: Misión→Acción, una metodología que intenta dar a los gestores culturales pautas concretas para integrar la IA en su trabajo sin perder criterio, ni misión. No es una solución política — es una herramienta de gestión. Pero parte de la misma convicción:
«La transformación digital del sector cultural no puede dejarse al mercado ni a la improvisación.»
En el plano regulatorio, la Unión Europea lidera con la AI Act — un marco integral basado en niveles de riesgo que, por primera vez, obliga a pensar la inteligencia artificial no solo como tecnología sino como cuestión de gobernanza, ética y derechos fundamentales. En América Latina, Brasil, Chile y Argentina están construyendo sus propias estrategias regulatorias, con enfoques distintos pero con una dirección común: la IA necesita reglas, y esas reglas tienen que proteger a las personas.
Las tres deudas pendientes
Y sin embargo. Las tres deudas que el informe de 2024 identificaba siguen abiertas. Las tres.
Acceso digital universal
En España, la brecha digital no ha desaparecido — se ha desplazado. Ya no es principalmente una cuestión de conectividad física, sino de competencia digital real. Tener conexión a internet no garantiza poder participar en la vida cultural digital. La capacidad de buscar, evaluar, crear y compartir contenido cultural en entornos digitales sigue distribuida de forma profundamente desigual por edad, clase, territorio y origen. Y las políticas públicas de alfabetización digital siguen muy por detrás de la velocidad del cambio tecnológico.
Plataformas públicas que garanticen inclusión y pluralidad.
Este es quizás el punto más crítico. Mientras la regulación avanza despacio, las plataformas privadas siguen siendo los intermediarios dominantes entre la cultura y los ciudadanos. Spotify decide qué música se descubre. Netflix decide qué narrativas se consumen. YouTube decide qué contenido se amplifica. Las instituciones culturales públicas, en su mayoría, siguen operando en esas plataformas con las reglas del mercado — sin recursos para construir alternativas, sin mandato político para intentarlo, y sin una estrategia colectiva que supere la lógica del proyecto puntual.
La promesa de las plataformas públicas — espacios digitales que prioricen la diversidad cultural, la memoria colectiva y el acceso universal sobre la métrica de engagement — sigue siendo, en 2026, más un deseo que una realidad.
Pluralidad sostenible.
La hiper-polarización que los algoritmos de recomendación generan no es un efecto secundario tolerable. Es un problema estructural que afecta directamente a la capacidad de la cultura para cumplir su función social: crear espacios compartidos, tender puentes entre comunidades, sostener una conversación pública común. En este punto, el sector cultural tiene una responsabilidad específica que todavía no ha asumido del todo: no es solo víctima de la polarización, puede ser parte de la solución.
Dónde hay que poner el foco ahora
Si tuviera que señalar tres prioridades para los próximos dos años, serían estas:
Primera: Conectar regulación con práctica cultural. La AI Act existe. El Plan de Derechos Culturales existe. Lo que falta es la traducción: cómo esos marcos regulatorios y políticos se convierten en decisiones concretas de gestión en un teatro, un festival, un centro cultural, una institución pública. Ese trabajo de traducción es urgente y en gran medida todavía no está hecho.
Segunda: Recuperar la soberanía sobre los datos culturales. Las instituciones culturales generan datos valiosos — de comportamiento, de preferencias, de participación — que hoy entregan a plataformas privadas sin retorno ni condiciones. Construir una estrategia colectiva de gestión de datos culturales, con criterios éticos y orientada al interés público, es una de las tareas más importantes y menos visibles del sector.
Tercera: Poner al ciudadano en el centro, de verdad. El informe de 2024 lo pedía. Dos años después, sigue siendo el reto más difícil. No porque nadie lo quiera, sino porque ponerlo en el centro de verdad implica cambiar la lógica de evaluación — dejar de medir el éxito en entradas vendidas o cifras de asistencia y empezar a medir el impacto real en la vida de las personas. Eso requiere voluntad política, herramientas metodológicas y una conversación honesta sobre qué es el éxito en el sector cultural.
La pregunta que no podemos evitar
¿Estamos usando la tecnología para ampliar derechos culturales o para gestionarlos más eficientemente sin ampliarlos?
La diferencia es enorme. Y la respuesta depende de decisiones que se están tomando ahora, en despachos de gestión cultural, en ministerios, en consejos de administración de plataformas y en aulas de formación de gestores.
El sector cultural tiene algo que otros sectores no tienen: una tradición larga de pensar el bien común, de sostener proyectos sin retorno inmediato, de apostar por lo que no tiene audiencia garantizada.
Esa tradición es exactamente lo que necesitamos aplicar ahora a la transformación digital.